Rotunda desmentida a un supuesto pacto Alfonsín-Isabelita y que ella hubiera recibido nueve millones de dólares

Aque "El periodista Horacio Verbitzky publicó una nota ("Página 12" del domingo 10 pasado) respecto a una supuesta relación entre el Partido Radical y el Peronista durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, que constituiría una suerte de 'pacto espurio' entre ambas organizaciones políticas. También es inexacto que la ex presidenta haya percibido, en ningún momento, la suma de nueve millones de dólares, ni tampoco promovido juicio alguno contra el Estado Nacional durante el gobierno del Dr. Alfonsín. Ni por un solo centavo."

 

Las precedentes palabras fueron expresadas ayer martes 13 por el doctor Humberto Linares, apoderado de Isabellita, coincidentes con la desmentida hecha pública días antes por el doctor Alfonsín en lo referido a un presunto acuerdo entre ambos, en 1984. Pero la nota de Verbitzky habla también de nueve millones de dólares que habría recibido del gobierno radical la ex presidenta. Ese monto, en aquella oportunidad, se había estimado que le correspondía como heredera del General Perón. Sin embargo, no recibió nada. Absolutamente nada.

Lo cierto es que la llamada Revolución Libertadora, como una tiranía que fue, dispuso la apropiación por el estado de todos los bienes de centenares de ex funcionarios del gobierno constitucional, encabezados los damnificados por los sobrevivientes o herederos en especial de Juan Perón, Evita, la familia Duarte, Isabelita, etc. etc. El conjunto de haberes privados quedaron por años en una nebulosa legal sin sentencias judiciales que avalaran o justificaran esas medidas confiscatorias. De allí que al retorno de la democracia, cada damnificado recurriera a los tribunales a pedir compensaciones.

Arreglo judicial

En el caso de Isabelita, que además estuvo casi seis años secuestrada por el estado dictatorial sin sentencia alguna por supuestos delitos cometidos durante su gestión, recién recurre a la justicia en 1993. Corría el primer gobierno del doctor Carlos Menem. Y como el juicio no prosperaba, viaja en 1995 a Buenos Aires donde la esperaba su entonces asesor, el actual embajador argentino en España, doctor Carlos Bettini. Este letrado, en esos momentos, estaba radicado en la Capital Federal como director de las empresas españolas Iberia y Aerolíneas Argentinas. La demanda judicial la inicia el doctor Humberto Linares con el apoyo y conocimiento del doctor Carlos Bettini. Así se plantea en Tribunales "la nulidad absoluta del proceso de interdicción de bienes que le fue incoado por la dictadura militar en expte. nº 29807/78 de la ex CONAREPA (Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial) originados en la ley de facto nº 3245/77. Todo ello durante la dictadura, por lo que su patrimonio fue transferido sin cargo al Estado Nacional, en violación expresa de garantías constitucionales".

Como se recordará, la dictadura militar intentó perpetuar este atropello, antes de asumir el presidente constitucional Raúl Alfonsín, por resolución de la Junta del 14 de abril de 1983, consolidando los despojos de bienes durante la tiranía.

En 1995, Isabelita y su asesor Carlos Bettini son recibidos por Carlos Menem, quien encuentra justo el ser indemnizada. Luego, llega el acuerdo vía judicial con el 60 % de quita sobre lo calculado originariamente. Es decir, que el 40 % restante quedaba en poco más de 4 millones de pesos. Pero...no en efectivo, sino en Bonos de Consolidación emitidos en pesos, a 16 años de plazo, seis de estos de gracia. En definitiva, el pago real comenzó al 7º año, con un interés del 10 % anual.

El caso se cerró, como está dicho, previa intervención de todos los órganos estatales de control (Ministerio de Economía, Sindicatura General de la Nación, Contaduría General de la Nación, Procuración del Tesoro de la Nación, Comisión Nacional de Transacciones, etc.). Así fue como Isabelita no recibió del estado un solo dólar, sino títulos en pesos a 16 años de plazo, fuertemente depreciados en el mercado.

En cuando a la ley 23062, dictada en tiempos de Alfonsín, está inspirada en un espíritu de justicia, paz y respeto a las garantías constitucionales en todos los aspectos. No puede ser objetada y sirvió de precedente a otras leyes de justa reparación, dictadas posteriormente.

Múltiples rumores amenazantes

Pocas veces las usinas de rumores estuvieron tan activas como desde el 17 de octubre del año pasado hasta ahora, lanzándose las más desconcertantes intrigas, provocaciones y amenazas. "Algo gordo está por suceder", se escucha en los mentideros, pero nadie se hace cargo de concretos y sus procedencias. La existencia de un pacto Isabelita-Alfonsín y el haber atribuido a la ex presidenta el recibir en 1983 la suma de 9 millones de dólares, es un "rumor" más, ahora escrito y publicado, que ha debido ser desmentido terminantemente.

En realidad, son tan pesadas las versiones que circulan que es imposible, tanto verificarlas como negarles veracidad. Van desde actos de marcada violencia a situaciones de riesgo en San Vicente, donde se encuentran los restos del General Juan Perón, cuya custodia está bajo la responsabilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires ingeniero Felipe Solá. A este mandatario deben haberle alcanzado algunos de los tantos rumores, como esos que hablaban de la existencia de varios féretros similares, "por razones de seguridad", sin hacerse público cuál contenía los verdaderos restos del ex tres veces presidente de los argentinos. Decimos esto porque el gobernador envió a San Vicente el 17 de octubre al Escribano Mayor de su Gobierno a celebrar un acta, en presencia de testigos, para verificar si el cadáver correspondía al General Perón. Rigurosamente cierto. Felipe Solá, es evidente, por algo quería asegurarse.

El féretro fue abierto y los presentes unánimemente reconocieron los restos como auténticos. Luego se redactó un acta firmada por Gerónimo Venegas (titular de las 62 Organizaciones Peronistas), Humberto Linares (apoderado de Isabelita), Antonio Cafiero, Dante Gullo, el funebrero Péculo, la intendenta del Museo y el Escribano Mayor, más algunos otros funcionarios. Todo ello fue tan meticuloso que demoró tres horas.

Por disposición del Gobernador Felipe Solá, el Museo quedó cerrado al público por 10 días (lapso después ampliado a 90 días) para hacer las reparaciones necesarias luego de los lamentables incidentes conocidos y el forcejeo por prenderse de una manija. Ya pasaron los tres meses y aun sigue cerrado. Las custodias se han reforzado. Desconfiados nosotros también, pensamos que es correcta la medida.


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