Documento de la Unión Cívica Radical

LA UNIÓN CIVICA RADICAL Y EL 16 DE JUNIO

LOS HECHOS

Al promediar el 16 de junio de 1955, aviones navales y militares bombardearon la Casa de Gobierno y otros edificios de la Capital de la República. Efectivos de la Infantería de Marina se trabaron en lucha con las fuerzas del Ejército y se irradió una proclama revolucionaria.

Cientos de civiles, que habían sido atraídos al teatro de los sucesos por una convocatoria oficial, fueron muertos o heridos.

Al caer la tarde, el Presidente de la República dirigió un mensaje radiofónico que daba por finalizada la lucha, anunciaba la rendición de los jefes del movimiento y hacía recaer la responsabilidad de lo sucedido en la Marina de Guerra.

Al mismo tiempo muchas iglesias céntricas y la Curia eran asaltadas e incendiadas y numerosos comercios saqueados por grupos oficialistas que actuaron con la evidente tolerancia o complicidad de las fuerzas que debieron reprimirlos.

Los aviadores que bombardearon la ciudad se refugiaron en Uruguay, los ocupantes del Ministerio de Marina fueron detenidos y se declaró el estado de sitio en todo el país, en el que regía y sigue rigiendo todavía el "estado de guerra interno".

Diputados nacionales y provinciales, concejales, autoridades partidarias, dirigentes y afiliados de partidos políticos de la oposición, periodistas, religiosos, fueron encarcelados e incomunicados.

Locales políticos y no políticos, imprentas, periódicos, fueron allanados y clausurados.

Pasados los sucesos pero vivas aún sus consecuencias, el país, que sigue padeciendo la incomunicación en que lo ha sumido el Régimen, se pregunta cómo y por qué han ocurrido.

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La UNIÓN CIVICA RADICAL debe decir su palabra, pero es necesario previamente referirse a la explicación oficial.

LA EXPLICACION DEL GOBIERNO: UNA TRAGICA AVENTURA

El gobierno dio sucesivas explicaciones por su único vocero.

En su primer mensaje, el Presidente de la República, después de decir que "la Marina de Guerra es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos" insistió repetidamente en que "los que tiraron contra el pueblo son traidores y son cobardes".

Al día siguiente, en otro mensaje radial, expresó que "el móvil del movimiento indica una irresponsabilidad que nosotros criticamos acerbamente" y atribuyó a "elementos comunistas" los desmanes con la misma seriedad que pocos días antes inculpó de hechos análogos a "elementos clericales".

El jueves 23 de junio, denominó a la revolución "trágica aventura" de "algunos jefes de la Armada pertenecientes a la Infantería de Marina con la complicidad de otros de la Aviación Naval, contando con la incuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos".

Sostuvo luego que era "producto de un odio enfermizo, de una ambición espúrea y de una inconsciencia criminal", obra de "cuatro chiquilines irresponsables e inconscientes, dirigidos por ambiciosos también irresponsables", "hombres subalternos poco menos que ignorantes y torpes, incapaces de ganarse siquiera nuestro respeto".

Añadió que "en esta acción todo ha sido sucio y todo ha sido falso".

Con una gama de calificativos que va desde cobardes y traidores hasta chiquilines, irresponsables y ambiciosos, la explicación oficial pretende de este modo inculpar a marinos y aviadores que han expuesto su vida, su carrera, su tranquilidad y la de sus familias para asumir la responsabilidad de terminar con un gobierno de fuerza.

EL RÉGIMEN GOBERNANTE ES EL RESPONSABLE

La UNIÓN CIVICA RADICAL afirma que la revolución del 16 de junio es producto del Régimen. Mientras no cese el sistema totalitario que lo caracteriza, subsistirán las causas del estallido. Sólo se evitarán con la libertad.

Las explicaciones oficiales son incompletas y falsas.

Incompletas porque intentan circunscribir el problema a los hechos en sí sin remontar a sus orígenes.

Son falsas porque callan calculadamente las auténticas causas que están obrando hace tiempo en la conciencia argentina y la llevan a repudiar la agresión permanente del Régimen contra los fundamentos morales y democráticos de la República. Muchas son las causas del 16 de junio.

La fundamental es la supresión de las libertades.

La finalidad capital de tal supresión es impedir las reacciones populares ante la corrupción y la crisis económica originada por la política oficial y contra el intento de consumar la entrega del patrimonio y de la soberanía de la Nación.

La corrupción que aqueja a la Republica, peculado, espionaje y delación, encarcelamientos discrecionales, torturas, supresión de las libertades, la degradación de la escuela y de la Universidad puestas al servicio de los fines subalternos del Régimen, el sometimiento de la vida sindical, convertida en instrumento de opresión de los trabajadores, son algunas de las manifestaciones del sistema que esta empobreciendo las reservas materiales y espirituales de nuestra nación y constituyen otros tantos motivos de explosión de las fuerzas morales que, no hallando los caminos de la paz para las soluciones armónicas, apelan, desesperadas, a la violencia.

QUE PRETENDE AHORA EL RÉGIMEN

Calientes aún sus victimas, el Régimen lanza un llamado a la pacificación del país. Como en 1953, cuando bandas oficialistas organizadas incendiaron las sedes de los partidos que no le son adictos, el Régimen apela a otra especie de "conciliación nacional".

Como entonces, lo exige todo pero persiste en su tiranía.

Nuevamente hace caer la responsabilidad en los despojados.

Es a los argentinos obligados a escoger entre la sumisión bien remunerada o la pobreza, entre la obsecuencia o la persecución, entre el silencio cómplice o la cárcel, a quienes el régimen exhorta ahora a deponer enconos.

Esta pacificación que propone deja intactas todas las causas del malestar nacional, porque su finalidad no es abrir una etapa de recuperación y trabajo, sino encubrir con el silencio de todos los argentinos, la entrega espiritual y material del país.

Esta pacificación, como aquella conciliación, son otras tantas desfiguraciones del Régimen que quiere usar en su provecho la sangre derramada en las calles de Buenos Aires.

El Radicalismo y el país quieren que la sangre argentina sirva, como en horas gloriosas, a la causa de la democracia y de la libertad.

NO HABRÁ PACIFICACIÓN SIN PREVIA REPARACIÓN

El Radicalismo quiere la pacificación del país pero no esta dispuesto a pagar como precio de ella la supresión de las libertades ni la renuncia a los postulados populares y nacionales que siempre ha defendido. No puede aceptar la pacificación para el sometimiento.

Es indispensable restablecer la democracia en la República Argentina, restaurar la vida moral en sus instituciones, restituir la justicia, destruir el aparato policiaco legal de represión e intimidación que coarta toda actividad y ofrecer a todos en clima de dignidad y libertad, las mismas posibilidades de expresión y discusión.

Solo quien resulte gobernante en tal vigencia democrática tendrá títulos para exigir serenidad y cordura, respeto y ecuanimidad; solo así se podrá evitar que un pueblo al que se le impide expresar su voluntad, tome el camino de la violencia.

El Radicalismo ha utilizado las vías pacificas y las consultas electorales, pero no puede dar fe a las promesas de un Régimen que no da libertad ni antes del comicio ni durante él y que no respeta las decisiones electorales, lo revelan las intervenciones a las comunas de Buenos Aires y Córdoba que la UNIÓN CIVICA RADICAL obtuvo por la voluntad popular.

Tampoco puede dar fe a un Régimen que aplica sistemas electorales tramposos.

Baste como ejemplo, recordar que en la Capital de la Republica 800.000 votos oficialistas llevaron al Congreso 14 diputados y 600.000 radicales sólo uno.

Si no se remueven las causas reales del malestar popular, si no se reparan los agravios a la dignidad del país, el Régimen seguirá llenando de palabras vanas el aire de la Patria pero dejará en pie todas las causas promotoras de la violencia y de la exasperación.

Si se crean, en cambio, las condiciones de moral y libertad, de democracia y justicia que la conciencia argentina reclama, todo el país podrá intervenir en la construcción nacional.

Las fuerzas armadas, los sindicatos y los partidos políticos hallaran entonces el cauce de su autentica realización.

Las instituciones armadas no deben intervenir en política pero tampoco poner su fuerza al servicio de un gobierno que suprime las libertades y entrega la soberanía del país.

Las organizaciones sindicales, a su vez, solo en un Régimen de libertad podran encontrar la solución de sus problemas y gravitar efectivamente, no artificialmente, en el desarrollo político y social argentino, pues bajo un régimen de dictadura dependen en forma absoluta de los jerarcas sindicales que trafican con los intereses y las necesidades de los trabajadores.

Estas condiciones permitirán, finalmente, que los partidos políticos desarrollen la plenitud de sus posibilidades y puedan aportar soluciones a los múltiples problemas de la vida argentina, problemas que ya no estarán librados al capricho y al arbitrio de una voluntad personal o de un grupo que no reconoce otra limitaciones que su sed insaciable de dominación y de provecho.

Solo así podrá todo el pueblo participar en la común tarea, sin imposiciones, humillaciones ni claudicaciones.

El libre juego de la voluntad creadora de los argentinos volverá a encaminar al país por la senda de la paz, el progreso y el bienestar de todos.

No es posible seguir como ahora, volver a la situación anterior al 4 de junio de 1943; es preciso vivir con autenticidad republicana.

LA CONDUCTA RADICAL

En consecuencia a la expuesto, la Mesa Directiva del Comité Nacional de la UNIÓN CIVICA RADICAL,

DECLARA

La responsabilidad de los trágicos sucesos del 16 de junio de 1955 es enteramente del gobierno.

El Radicalismo reitera su solidaridad con cuantos sufren cárcel, persecución o destierro por defender las libertades argentinas.

La UNIÓN CIVICA RADICAL continúa su lucha por el restablecimiento de la moral y la democracia en la vida de la República.

BUENOS AIRES, JUNIO 29 DE 1955

UNIÓN CIVICA RADICAL

Comité Nacional

Federico F. Monjardín, secretario - Arturo Frondizi, presidente